Asedio judicial a estudiantes huelguistas

EL AÑO pasado, por casi dos meses entre marzo y junio, los estudiantes en los varios campus de la Universidad de Puerto Rico (UPR) mantuvieron una huelga nacional en defensa de la educación pública y en contra del recorte de $512 millones que exigió la Junta de Control Fiscal (JCF), el yugo colonial impuesto por el Senado estadounidense para exprimir el pago de la deuda puertorriqueña en favor de los acreedores gringos.

Tomando control de los portones de los recintos, los estudiantes comenzaron la huelga estudiantil el 28 de marzo de 2017, en el recinto de Río Piedras. El 5 de abril la Asamblea Nacional de Estudiantes decretó la huelga nacional demandando: cero recortes al presupuesto de la UPR, cero aumentos al costo de la matrícula, Reforma Universitaria democrática, y el impago de la deuda pública y una auditoría forense inmediata de la misma.

La responsabilidad por la crisis universitaria recae en las décadas de corrupción bajo los gobiernos de los dos principales partidos políticos de la isla, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), y los recortes de impuestos promulgados por la JCF.

Desde el inicio de la huelga, la estrategia central de la dictadura federal, el gobierno colonial y la administración universitaria fue la persecución política. Ya desde febrero, cuando varios recintos mantuvieron una huelga de 48 horas, el gobernador había solicitado enmendar el código penal para ampliar y añadir penas por manifestarse.

Lo arrestos comenzaron el 17 de abril. Un estudiante buscaba entrar a una sesión del Senado en el Capitolio donde se discutía un proyecto que contemplaba derogar la ley que contenía la auditoría de la deuda. Dos días más tarde, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, destituyó a los integrantes de la comisión en favor la auditoría de la deuda.

En respuestas, los estudiantes decidimos trancar varios edificios en la Milla de Oro, el edificio de la Junta de Control Fiscal, el edificio donde está McConell Valdés, el bufete que fungió como experto legal sobre 32 mil millones de la deuda pública y el edificio de Oriental Bank, que se enriqueció con 37 millones de dólares de comisiones por endeudar al país con la deuda ilegal.

En la tarde de ese mismo día, Michelle Fraley, la superintendenta de la Policía de Puerto Rico, anunció que se abriría investigaciones sobre las manifestaciones frente al Capitolio del 17 y 18 de abril. Dijo que había agentes grabando la manifestación y que usarías los videos para radicar casos contra los estudiantes arrestados.

EL DOMINGO 23 de abril, como ha sido la costumbre en la huelga, celebramos otro día familiar. El primero había sido en el recinto e incluía deportes, cuentos, desayunos, y talleres. Este tercer domingo fue frente al Capitolio, hubo música en vivo, un bombazo, teatro, malabaristas, poesía, arte y mesas de trabajo.

Ya acabando el evento, unas activistas estudiantiles fueron hacia su carro. De repente, una persona vestida de civil agarra a una de ellas por el cuello de la camisa y la tira al suelo. Al ver a su amiga siendo agredida, las compañeras gritaron por ayuda y comenzaron a grabar.

A los pocos segundos, llega otra persona vestida de civil a ayudar a mantener a la estudiante en el piso. Llamaron refuerzos y llegó un Toyota Corolla gris con las ventanas oscurecidas y la tablilla ILW 019. La metieron en el carro, la amedrentaron en el camino y se la llevaron al cuartel. La mantuvieron 13 horas en una celda antes de dejarla ir.

Los aparatos represivos hicieron este y los otros arrestos con dos propósitos. Primero, intensificar un proceso de desgaste contra los estudiantes huelguistas participando del movimiento estudiantil, y segundo, mediáticamente desviar nuestros justos reclamos, para hablar en vez de como éramos criminales sin derecho a la participación en el debate público nacional.

El día después, Michelle Fraley volvió a la prensa para justificar los arrestos por parte de los agentes encubiertos. Ya no se trataba de estudiantes que hacían reclamos justos ante el gobierno, sino de criminales que buscan desestabilizar el país y causar daño a la propiedad privada.

Con este asedio se impuso un proceso jurídico para resolver conflictos políticos. Los casos subordinados a la judicialización dejan de responder a los procesos que están sujetos al resto de los casos y sus aspectos legales “estandarizados”. Los procesos de investigación, identificación de imputados, recopilación de evidencia, vistas preliminares, y el proceso de juicio son distorsionados, dejando de lado los reglamentos predeterminados de dicha institución.

Ante las declaraciones juradas de los agentes encubiertos, el lunes 24 de abril el fiscal Jorge Elí Carrión Ramos determinó imputar dos cargos graves la estudiante arrestada tras las actividades del domingo, uno por daño agravado en contra de propiedad pública y otro por empleo de intimidación o violencia contra la autoridad. Otro estudiante fue imputado con un cargo grave por daño agravado en contra de propiedad pública y un cargo menos grave.

Luego de la imputación de cargo, el proceso continúa con la realización de la regla 6, un procedimiento donde el juez determina si hay causa en los cargos imputados para continuar con el caso. El Juez José L. Parés Quiñones determinó que no hubo causa para los cargos graves en contra de ninguno de los dos estudiantes imputados.

La respuesta del fiscal fue de ir en alzada contra los estudiantes, que significa que volvería a exigir que se repita el proceso de regla 6 bajo otro juez. El 26 de mayo, la regla 6 en alzada fue presidida por la jueza Eloína Torres Cancel, una jueza que en el 2012 había encontrado a estudiantes en dos distintos casos culpables de cometer actos durante manifestaciones de las huelgas estudiantiles del 2010 y el 2011. Esta jueza también está a cargo del juicio del caso de los siete estudiantes imputados por interrumpir la reunión de la Junta de Gobierno durante la huelga.

Durante la regla 6 en alzada, la jueza Eloína Torres Cancel encontró causa por arresto de los dos estudiantes por los dos cargos graves que el juez José Parés Quiñones había encontrado no causa. El 12 de junio del 2017 comenzó el proceso de vistas preliminares que continúa hasta el día de hoy.

ENTRE LA Policía Estatal y las agencias federales, 32 estudiantes fueron arrestados en el transcurso de la huelga. De esos 32 estudiantes, el Estado continúa acosando judicialmente a 10 estudiantes con casos criminales.

De esa manera, los aparatos de represión removieron a diez líderes que ya no pueden participar de manifestaciones, haciendo ejemplos de ellos y mandando el mensaje al resto de los estudiantes de por qué es peligroso luchar por la educación superior pública. En el proceso, diez familias viven en la incertidumbre.

Casi un año y medio después, los arrestados han debido que asistir a 33 vistas preliminares en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. Las pocas veces que uno de los 13 agentes testigos acusadores han llegado, los estudiantes quedan expuestos a como estos agresores justifican sus acciones e incluso culpabilizan a los estudiantes por ellas.

El pasado 1° de octubre fue su más reciente vista preliminar. Por más de dos horas, los estudiantes debieron esperar en una sala con sólo ellos a un lado, y varios de los agentes que les agredieron, al otro.

Cuando finalmente llegaron todas las partes, el fiscal reclamó que no le dará tiempo para interrogar a su testigo, pidiendo una nueva fecha y dilatando el proceso aún más. El 15 de octubre tendrán que dejar de estudiar y trabajar para llegar al Tribunal de Primera Instancia en San Juan, donde esperan que este largo proceso se acerque por lo menos un poco al final.

Con el uso de su sistema judicial para acosar e intimidar a quienes luchamos por la justicia en Puerto Rico, los amos coloniales en Estados Unidos y sus lacayos locales demuestran que no pueden justificar su plan para exprimir hasta el último centavo de las familias obreras borinqueñas.

Para nosotros, vencer el asedio judicial por medio de la movilización es parte integral de la lucha contra la Junta de Control Fiscal y por un Puerto Rico justo y soberano.